BORRADOR DE UN

MANIFIESTO DE REFORMA DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS

CONSIDERANDO que los partidos políticos en España son el instrumento, que la Constitución de 1978 en su artículo 6 reconoce fundamental para encauzar la participación ciudadana en la gobernación del Estado.

CONSIDERANDO que, en la práctica de estos años han demostrado tanto éxito en su labor como graves problemas y deficiencias en su desempeño.

RECONOCIENDO el espíritu abierto de la Constitución y las leyes que desarrollan sus normas, de tal modo que se les dotara de la mayor libertad posible en su creación, forma y funcionamiento, pero que, en la práctica ha tenido una serie de consecuencias indeseables que no es posible obviar.

CONSTATANDO que el imperativo de funcionamiento democrático que las Leyes les imponían, en la práctica no se ha conseguido, quizá por la indefinición del término «democracia».

CONSTATANDO el perjuicio monetario para el Estado, y las malas prácticas de gestión económica que se han llevado a cabo en el marco de la actual estructura financiera de los partidos.

MANIFESTAMOS Y PROPONEMOS

La necesidad de una reforma de las normas que regulan el funcionamiento de los Partidos Políticos.

MANIFIESTO DE REFORMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

MANIFESTAMOS la necesidad de una reforma de las reglas de funcionamiento de los partidos en dos áreas principales:

1- Funcionamiento y calidad democrática

El funcionamiento interno de los partidos actualmente se regula según las normas que ellos mismos se doten en sus estatutos. La instrucción que reciben de las leyes del Estado solo implica que tiene que ser un funcionamiento «democrático»; pero la misma indefinición del término como su variada e interesada interpretación, en la práctica, ha derivado en reglamentos claramente antidemocráticos y decimonónicos. Los partidos políticos tienen una calidad democrática interna muy inferior a la de la sociedad a la que tienen que servir. Entendiendo democracia como la mayor participación de la mayor cantidad de personas en la toma de decisiones en los partidos y mediante una información lo más exhaustiva posible y veraz.

2- Financiación

Como toda asociación necesita para su funcionamiento una serie de recursos económicos. Las vías de esa financiación influyen directamente, no solo en su funcionamiento, sino en el del sistema social económico de la sociedad.

Su posición de poder implica que este puede ser vendido, comerciado, intercambiado por ayudas, prebendas, subvenciones a cambio de favores futuros, lo que distorsiona y causa grandes problemas en la sociedad a la que deben servir. A cambio de su propio beneficio en cuanto a partido se producen graves daños en la sociedad.

En base a todo ello

PROPONEMOS

La creación de una Oficina Central de los Partidos Políticos que regule de manera igualitaria para todos los partidos cuestiones de censo, altas y bajas, votaciones internas, normas de elección de cargos de partido y candidatos para órganos del Estado, resolución de problemas internos, contabilidad financiera y normas de financiación, y centralice los ingresos y pagos mediante una cuenta titular de la Oficina Centra para cada partido, sin perjuicio que cada uno de ellos pueda disponer de cuentas propias pero solo disponiendo dinero de esa cuenta central y centralizando todos los ingresos, sean cuales sean, en la cuenta de la Oficina Central.  

Las reglas básicas de funcionamiento deben ser iguales para todos los partidos, por eso se propone la creación de una Oficina Central de los Partidos Políticos, independiente de ellos y también del partido o partidos en el Gobierno, en todo caso elegida por la ciudadanía o por el Parlamento, cuya función principal es igualar las condiciones de funcionamiento democrático básico de todos los partidos, gestión de socios, resolución de problemas entre ellos, y normalización de la estructura financiera.

El censo social de cada partido debe estar en manos de esa Oficina Central, así como la gestión de altas y bajas. También la resolución de incidencias entre socios o entre socios y la junta directiva del partido correspondiente. En última instancia debe ser resuelta por el poder judicial y en ningún caso debe estar en manos de la arbitrariedad de funcionamiento dentro de cada partido.

La gestión económica estará a cargo de esa Oficina Central, poniendo a disposición de cada partido de una cuenta única y controlando y regulando los ingresos, tanto por cuotas de socios como de cualquier otra especie, y disponiendo y aprobando los gastos. Los partidos tienen que dar cuenta de cada gasto que realicen y pedir permiso para tal transacción que será realizada desde la Oficina Central. Los sueldos de los cargos electivos internos serán fijados dentro de un margen normado por reglamento, y pagados desde la cuenta de la Oficina Central. Los ingresos deben estar específicamente tipificados e intervenidos.

Se debe normar la separación entre los órganos de dirección del partido, los políticos de partido: secretaría general, tesorería, vocalías, y los candidatos a un puesto en la gestión de los órganos del Estado, en cada uno de sus niveles: nacional, autonómico, local. Para poderse presentar a cargo estatal se debe renunciar a su puesto dentro de la estructura del partido, sin posibilidad de reserva en el caso de no ser elegido para el puesto optado. Los ceses en un puesto son ocupados automáticamente por el siguiente en el escalafón, sin posibilidad de nombrar delfines.  

Las votaciones internas dentro de los partidos serán reguladas por ley. Tanto los órganos de dirección interna como los candidatos al Estado serán elegidos por todos los socios. Las elecciones serán reguladas por la Oficina Central, que establecerá los periodos y las fechas cuando se celebrarán tales elecciones. Los partidos podrán elevar una petición de fecha, dentro de unas márgenes a lo establecido legalmente, pendiente de la aprobación de la Oficina, según criterios no ventajistas e igualitaristas.

El sistema de votación será controlado y centralizado por la Oficina de Partidos, siendo el mismo para todos. Puede consistir en un sistema electrónico, el mismo para todos, que permita el control personal de los socios y lleve a cabo un recuento seguro. La votación se podrá realizar en varios días, sin información sobre resultados. Los resultados serán contados y dados a conocer por la Oficina Central.

Recomendamos revisar el sistema de listas cerradas, por otro de listas abiertas o simplemente candidatos nominales sin inscripción en ninguna lista. No nos pronunciamos por uno u otro sistema pero sí por la normalización para todos los partidos por igual.

El modelo presentado permite un perfeccionamiento en el sistema democrático pues da más importancia a la militancia en la toma de decisiones. Las elecciones internas de los partidos son muy importantes en la salud democrática del sistema entero y es necesario que todos los partidos jueguen con unas reglas mínimas iguales para todos. Al mismo tiempo el control financiero de los partidos, al tiempo que iguala las condiciones de difusión de todos ellos, aspira a evitar abusos de poder y un mayor control del mismo en manos de la ciudadanía.

Vicente Albert Llorens

Agosto, 2018