En los colegios de varias regiones españolas donde hay dos idiomas oficiales, se está imponiendo el uso de uno de ellos en la enseñanza de las asignaturas generales, obligando a que los niños contesten en ese idioma las preguntas de clase, los ejercicios o los exámenes.
Esta imposición está fuera
de la ley.
Los niños, como todos los
demás ciudadanos, tienen la libertad de expresarse entre ellos como deseen y no
se les puede imponer ningún idioma, pero además en la comunicación con las
administraciones, y lo que ocurre en la escuela es un acto administrativo,
pueden elegir en todo momento el idioma oficial que prefieran, e incluso exigir
a los funcionarios, los maestros, que se dirijan a ellos en ese idioma o que les
faciliten la traducción de lo que dicen. Los maestros están al servicio de los
niños, no al revés.
Ni el consejo escolar, ni la
consejería de educación de una región, ni nadie, tiene potestad para obligar a
un niño a hablar en el idioma que ellos impongan. Es el ciudadano el que elije
en qué idioma oficial comunicarse con los funcionarios.
QUÉ ES UN IDIOMA OFICIAL
Las personas utilizamos
idiomas para comunicarnos y los elegimos libremente.
Es una decisión personal. Ninguna
institución puede imponernos el uso de un idioma para hablar con otras
personas.
Los Estados tienen que dirigirse
a los ciudadanos en un idioma concreto para emitir sus reglamentos y
comunicados, siendo un criterio frecuente el de utilizar un idioma
mayoritariamente hablado por las personas en el ámbito de esa administración. La
administración es una herramienta útil para la comunidad, pues el estado está
al servicio del ciudadano y no al revés.
En regiones donde existan varios
idiomas oficiales, las administraciones facilitarán a los ciudadanos todas las
comunicaciones en todos los idiomas considerados oficiales, pero en ningún caso
impondrán el uso de uno de ellos en ninguna circunstancia, los elige siempre el
ciudadano.
Lo repito.
Las administraciones tienen
que emitir sus reglamentos y comunicados en todos los idiomas oficiales en la
región de su ámbito. Y no pueden dejar de hacerlo en ninguno de ellos.
Son los ciudadanos los que
eligen el idioma en el que quieren dirigirse a la administración y en el que
quieren ser respondidos, dentro de los oficiales reconocidos por la ley.
Los funcionarios no tienen porqué
conocer todos los idiomas oficiales de la región. Simplemente deben derivar a
la persona que exprese su deseo de usar un idioma en concreto, a otro
funcionario que sí le pueda atender en el idioma requerido.
Las administraciones sí
deben de estar dotadas de personal suficiente con conocimiento de todos los
idiomas oficiales, pero no todos los funcionarios tienen porqué saberlos.
Imagínese el caso de una
institución europea donde todos sus funcionarios tuvieran que hablar todos los
idiomas oficiales de Europa. La institución debe ser capaz de atender a
cualquier ciudadano de la Unión y dar una respuesta en el idioma solicitado por
el ciudadano, pero ningún funcionario está obligado a conocer todos los idiomas
oficiales de la Unión Europea.
Se puede vivir perfectamente
en cualquier región del Estado sin necesidad de conocer ni utilizar un idioma
regional oficial. Las regiones no tienen idiomas que le son propios, son solo
lenguas que los ciudadanos que habitan en ese territorio usan para comunicarse
libremente y con una frecuencia suficientemente notable que provoca que la
administración actúe para facilitarles la comunicación con los organismos del
Estado en esa zona.
La elección del idioma en
que se expresa es potestad del individuo y en su comunicación con la
administración en su región basta que utilice uno solo de los idiomas oficiales,
sin que pueda imponérsele el conocimiento ni el uso de ningún idioma regional.
LOS COLEGIOS POR LÍNEAS DE IDIOMA
La enseñanza y el uso de los
idiomas oficiales en las regiones donde existen varios presenta un problema que
es de orden de gestión.
Cómo dar un servicio adecuado
con los recursos limitados disponibles. Para eso se ideó el sistema de líneas
donde los padres y los niños, y dentro de una oferta razonable de la
administración según los recursos disponibles, agrupaban a los niños según la
lengua que preferían usar en las clases.
Era una forma fácil y
racional de solucionar un problema. Pero actualmente se ha desestimado su uso,
siendo sustituido por un sistema que trata de imponer el uso de una lengua en
la enseñanza, elegida por una consejería regional con imposición de “cuotas de
habla”, una aberración lógica que implica que los niños tienen que usar la lengua
que los gobernantes quieren según la proporción que a ellos les apetezca.
A todas luces una auténtica
locura autoritaria, supuestamente validada y avalada por el consejo escolar,
sin tener este ninguna autoridad para tal imposición en la libertad de uso del
idioma por los niños.
Los niños como ciudadanos de
pleno derecho, pueden usar la lengua oficial que ellos deseen en las tareas de
clase y nadie puede imponerles otra cosa. Las administraciones que traten de
imponer tal cosa tienen que ser juzgadas y condenadas por sus malas prácticas
administrativas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario